La Justicia europea avala la ley urbanística valenciana

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Cotino y Rambla se reúnen con los constructores y promotores

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) avaló a finales del pasado mes de mayo la Ley Urbanística Valenciana (LUV) aprobada bajo el mandato de Rafael Blasco en la Conselleria de Medio Ambiente— y dictaminó que esta norma no vulnera la legislación comunitaria en materia de contratación pública, tal y como habían denunciado la Comisión Europea y la Eurocámara.

Con esta resolución se pone fin a un largo periodo que arrancó 2005 con la primera visita de un grupo de eurodiputados para revisar sobre el terreno las quejas que habían remitido al comité de Peticiones unos 15.000 ciudadanos pero que nunca fueron confirmadas.

La campaña fue espoleada desde las filas socialistas, especialmente por el entonces eurodiputado Joan Calabuig —candidato del PSPV a la Alcaldía de Valencia en las últimas elecciones— y provocó graves pérdidas económicas, según denunciaron los promotores inmobiliarios. El PSPV sostuvo ayer sus críticas.

Tras la trifulca política en la que el Gobierno central dejó sola a la Generalitat en la defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo comunitario había llevado la LUV —y también su antecesora, la LRAU— ante el Tribunal de Luxemburgo por considera que infringía la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Bruselas aseguraba que la norma no respeta las exigencias de publicidad y transparencia que impone la UE en la adjudicación de los planes urbanísticos de actuación integrada (PAI).

También el Parlamento Europeo ha elaborado varios informes censurando la LUV y ha llegado incluso a amenazar con congelar los fondos europeos para España si no se corrigen los abusos urbanísticos denunciados. En su sentencia, el Tribunal de Justicia desestima el recurso de la Comisión y le condena a pagar las costas. El dictamen concluye que las directivas comunitarias sobre contratación pública no son aplicables a la legislación autonómica valenciana porque los planes de actuación integrada no son contratos públicos.

Reunión con los afectados

El vicepresidente tercero del Consell y titular de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, y el conseller de Industria, Vicente Rambla, se reunirán a principios de este mes de junio con varios de los afectados por la denuncia de la Comisión Europea y de la Eurocámara hacia la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para abordar las medidas a pedir para "reparar el perjuicio y el daño causado".

Ambos anunciaron que para “contrarrestar los ataques al urbanismo valenciano procedentes de eurodiputados del PSOE”, a lo largo de esta quincena se crearán diferentes comisiones para “explicar al mundo lo que significa la Comunidad, los beneficios que aporta y que vale la pena invertir en ella”, indicó Cotino. Constructores y promotores colaborarán en esta acción de fortalecimiento exterior de la imagen de la región. Y también lo van a hacer registradores de la propiedad y notarios, colectivos clave para ofrecer a los inversores la garantía de la seguridad jurídica en el sector,

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), Rafael Ferrando, resaltó, por su parte, que la sentencia crea un “marco jurídico estable”, mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, se ha comprometido a ponerse en contacto con todas las cámaras de comercio del norte de Europa y de los países anglosajones para informar “de forma clara” sobre la realidad del sector.